VUELVE HISTORIAS DEBIDAS POR RADIO SOL

A Partir de este sábado se produce el retorno del programa por Radio Sol - FM 103.1 de la ciudad de Tostado.

El retorno se producirá en su horario original de las 15 horas, y contará con entrevistas exclusivas en estudio, informes de la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un segmento dedicado a la literatura y la incorporación de un segmento dedicado exclusivamente a abordar temáticas de género.

En este año se contará con la particularidad de poder seguir también el programa a través del sitio web www.historiasdebidas.blogspot.com

Para esta primera emisión esta prevista una comunicación telefónica con los jóvenes tostadenses estudiantes de la carrera de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) de Cuba.

Se realizará un repaso sobre la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Tostado, con el acontecimiento histórico que signifca que por primera vez una mujer presida el órgano legislativo.

Se abordará la celebración del Dia Internacional de la Mujer inaugurando una sección en la que se difundirán materiales relacionados con cuestiones de género y reivindicaciones de sus derechos.

Del mismo modo esta previsto el regreso de una sección en la que se comparte la lectura de algun cuento de autor contemporaneo.

Como es de costumbre, el programa será complementado con una selección musical de los mejores autores santafesinos y regionales y contara con la posibilidad de difundir y compartir materiales discográficos.

El objetivo es seguir manteniendo abierta una ventana a la contra información, generar los espacios a las instituciones y los actores locales, proponer contenidos socialmente útiles, y apuntar al crecimiento tanto del ciclo como de los oyentes.

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Despues de diez años de contaminación, la Justicia prohibe las fumigaciones con agrotóxicos en Cordoba

Luego de casi diez años de lucha, protestas y denuncias, los habitantes de Ituzaingó Anexo, un barrio de las afueras de Córdoba, lograron que la Justicia ordene la suspensión de las fumigaciones con agrotóxicos en la zona y sus alrededores.

Los químicos con los que los productores fumigaban los campos de soja que rodean la localidad enfermaron de cáncer a 200 de los 5.000 habitantes de Ituzaingó Anexo, según datos de "Madres de Ituzaingó", un grupo de mujeres que luchó para detener ese accionar.

En las fumigaciones de los campos, que en muchos casos sólo estaban separados de las viviendas por una calle, los dos agrotóxicos utilizados son el glifosato y el endosulfán. Quedó comprobado que estos potentes herbicidas provocaron, además, alergias respiratorias, malformaciones, enfermedades neurológicas y problemas en la piel, vista, oído y vías respiratorias de los vecinos.

En la presentación que las "Madres de Ituzaingó" realizaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitaban "terminar con las fumigaciones que atentan contra la salud de la gente que habita el barrio y la conformación de un equipo médico para mejorar su situación sanitaria".

A la espera del fallo del máximo tribunal, la Justicia cordobesa tomó una medida cautelar para suspender las fumigaciones. Prohibió el uso de agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y a menos de 1.500 si la acción es aérea. Estableció el hecho como un delito penal, con penas de hasta 10 años de prisión para quien lo cometa.

La resolución fue bien recibida por los afectados. María Godoy, una de las "Madres de Ituzaingó", señaló: "En este largo proceso es bueno que, aunque tardíamente, hayan escuchado nuestro reclamos prohibiendo las fumigaciones".

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Argentina con la soja al cuello

Durante tres años, la investigadora francesa Marie-Monique Robin viajó, entrevistó y recopiló documentación sobre la actividad de la multinacional líder en semillas transgénicas. Una parte importante de su labor se centró en la Argentina.

Luego de tres años de investigación, documentación, entrevistas y viajes –entre ellos uno a diversas zonas productoras de soja en la Argentina– la francesa Marie-Monique Robin hizo el identikit que descubre “la contracara, el rostro real” de Monsanto, la multinacional de origen norteamericano, líder mundial en producción de semillas transgénicas. Un tramo importante del trabajo de Robin se concentró en la Argentina.

PACTO CON EL DIABLO

A principios de los años noventa, los directivos de Monsanto vislumbraron su nuevo El Dorado al convertirse en interlocutores privilegiados de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), creada por el gobierno de Carlos Menem en 1991.

En 1994, Monsanto inicia la comercialización de licencias con las principales empresas semilleras del país, que se ocupan de introducir el gen Roundup Ready en las variedades de su catálogo. Curiosamente, los dos mayores promotores de la biotecnología fueron La Nación y, sobre todo, Clarín.

LA MONSANTA TRINIDAD

La Trinidad que sirvió de cimiento para el advenimiento de la Era de la Soja comienza con las declaraciones de William Kosinsky, el “educador en biotecnología” de Monsanto, publicadas en la edición de La Nación del 23 de julio de 2000: “La biotecnología brindará más calidad de cosecha, más rindes, más facilidades para los agricultores y una agricultura sostenible que proveerá más alimentos, de mejor calidad y protegiendo el medio ambiente”.

Apenas veinte días después, el ex presidente Carlos Menem aportaba el segundo elemento, al declarar: “Con los OGM (organismos genéticamente modificados), la ciencia ha hecho una contribución decisiva a la guerra contra el hambre” (Ámbito Financiero, suplemento Ámbito Agropecuario, págs. 4-5, 11 de agosto de 2000).

Para acabar de configurar la Trinidad hacía falta un gran diario aliado a la causa: Héctor H. Huergo –director de Clarín Rural y, desde un principio, el más firme defensor argentino de los OGM–, editorial tras editorial, se ha encargado de desacreditar a todos los que se han opuesto a los transgénicos, incluso a los más moderados, calificándolos como críticos del progreso.

2001, LA CRUZADA TRANS

Luego de la debacle de 2001 se desata el boom de la soja, extendiendo su cultivo desde La Pampa y Buenos Aires hasta Chaco, Santiago del Estero e incluso Formosa y Salta. Un dato comparativo: en 1971, los cultivos de oleaginosas abarcaban 37 mil hectáreas; pasan a ocupar 8.300.000 en 2000 y 16 millones de hectáreas en 2007, equivalentes al 60% del total de la superficie cultivada del país.

En 2002, la Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), que nuclea a 1.500 grandes productores, se transforma en el principal promotor de la soja Roundup Ready y en el más servicial aliado de Monsanto en la Argentina, lanzando un programa denominado Soja Solidaria, con el que pretendían ayudar a unos diez millones de argentinos que sufrían desnutrición.

Una año después, cuando Soja Solidaria celebra su primer aniversario, Víctor Trucco (presidente de Aapresid) declara, sin ocultar su entusiasmo: “Con el tiempo, se recordará el año 2002 como el de la incorporación de la soja a la dieta de los argentinos” (Clarín, 11 de enero de 2003).

LA PÍRRICA VICTORIA

En muchas zonas del interior del país, como mínimo dos veces por año, los aviones fumigan indiscriminadamente con Roundup Ready y no es raro que lo hagan llegando hasta la misma puerta de las casas de los lugareños. Esto aun cuando es sabida la toxicidad de dos de los principales componentes presentes en el producto: el glifosato y, sobre todo, los surfactantes (sustancias inertes que permiten al glifosato penetrar en las plantas).

Dicha evidencia científica no impide que Monsanto publicite su Roundup Ready como «biodegradable y bueno para el medio ambiente». Gracias a ello, los trabajadores que se dedican a la fumigación con el producto no toman ningún tipo de precaución.

En pueblos cercanos a Paraná, son muchos los médicos que han constatado un drástico aumento de anomalías de la fecundidad (abortos naturales, muertes fetales precoces), disfunciones de tiroides y del aparato respiratorio (edemas pulmonares), de las funciones renales o endócrinas, enfermedades hepáticas, dermatológicas y problemas oculares graves.

También en la provincia de Entre Ríos, la autora recogió testimonios de numerosos casos de hipospadias (malformación de la uretra que no se prolonga hasta el final del pene) y criptorquidias (malformación congénita caracterizada por la ausencia de testículos en el escroto, testículos no descendidos), y disfunciones hormonales en mujeres.

FUEGO AMIGO

A lo largo de la ruta nacional 16 en dirección a Salta o Chaco, los troncos se apilan en las banquinas de la ruta. La deforestación en el monte chaqueño no tiene precedentes, los inversores privados no sólo incendian y arrasan los bosques nativos que aún quedan en la zona, sino que echan a sus pobladores, comprándoles sus parcelas o directamente desalojándolos de sus propiedades o de tierras estatales por medio de paramilitares armados, contratados por los sojeros.

En Santiago del Estero, los buldózeres trabajan febrilmente, empujando la frontera agrícola hacia el norte, quemando inmensas extensiones de bosques, constituyendo así no sólo una catástrofe ecológica y económica, sino también un genocidio cultural silenciado con dinero, sobornos y amenazas regadas con sobredosis de Roundup.

Es la Guerra de la Soja. El “boom” sojero, contrariamente a lo que nos han repetido hasta el hartazgo los dueños del poder económico, está en las antípodas de ser una bendición.

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Represión ilegal en Reconquista: amenazaron a un testigo clave

Ocurrió ayer, en la vía pública. El hijo de uno de los imputados amenazó al testigo Alejandro Córdoba en horas de la tarde. Rápidamente intervinieron las TOE, y los efectivos del programa de protección de testigos de la provincia. La denuncia se radicó en la justicia federal.

el hijo de uno de los imputados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura, amenazó a un testigo clave en la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura militar en el norte santafesino.

Según se informó a Notife.com, Manuel Molina, hijo de Rubén “el pulpo” Molina -procesado por tormentos cometidos en la represión ilegal -amenazó en la vía pública a Alejandro Córdoba, un militante peronista que los setenta estuvo detenido en Reconquista y en la comisaria Cuarta en la capital.

Molina hijo, de 37 años y empleado de un canal de cable en Avellaneda, le dijo que “lo iba a reventar, que le iba a hacer la vida imposible hasta que abandone Reconquista”, comentó una fuente incontrastable.

Córdoba se comunicó inmediatamente con los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, que estaban en la ciudad del norte acompañando al Gobernador, y luego radicó la denuncia en la Fiscalía Federal, que rápidamente la elevó al juzgado, pidiendo la protección para el testigo, restricción de acercamiento de Molina y declaración indagatoria por el delito de amenazas.

El Jefe de las Tropas de Operaciones Especiales de la policía santafesina se entrevistó con el testigo a instancias de las órdenes que le instruyó el Ministro de Seguridad Daniel Cuenca.

“Por el momento, todos los resortes del programa de protección de testigos reaccionaron bien, estamos a disposición de Córdoba en todo momento”, señaló a este portal un funcionario del Ministerio de Justicia de Santa Fe.
Alejandro Córdoba fue uno de los primeros testigos en el expediente abierto en Reconquista hace tres años, que en la actualidad tramita el juez Carlos Skidelsky. (ver nota relacionada)

También fue clave en la causa penal por lo desaparición de la maestra santafesina Alicia Adela López, por la que está procesado por el delito de homicidio el ex presidente comunal de Rincón, Mario José Facino.

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POR LEY, EN SALTA SE GARANTIZA EL DESMONTE Y SE AFECTA A LAS POBLACIONES ORIGINARIAS

La Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial, a pesar de las críticas de comunidades indígenas y pequeños productores criollos. Según la opinión de entidades ambientalistas, el proyecto apunta a extender la frontera agrícola y "podría poner en peligro la biodiversidad y afectar la supervivencia de las comunidades aborígenes y criollas".

El gobierno de salta tiene todavía la oportunidad de dar marcha atráscon esta medida, pero pocos creen que esto se concrete. Los diputados Carlos Morello, de Libres del Sur, y Pablo López y Patricia Pobrete, del Partido Obrero, votaron en contra. Las principales objeciones fueron contra aquellos artículos que habilitarían permisos de nuevos desmontes.

El diputado Morello calificó de "inconstitucional" el artículo 28 de la nueva ley que establece que podrían ser aprobados aquellos pedidos de desmontes que se presentaron antes de la sanción de la ley nacional de presupuestos mínimos.

Morello aseguró que "es bastante audaz este artículo" porque, según explicó, iría en contra del artículo 3 del Código Civil, que dispone que, "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

El legislador de Libres del Sur cuestionó también el artículo 30 que prorroga por tres años los permisos de desmontes y sostuvo que "estamos hablando de permisos sin entidad legal" y coincidió con entidades ambientalistas como Greenpeace, que criticaron otros artículos de la ley en los cuales se modificó el porcentaje de las pendientes en las cuales se prohíbe desmontar: el proyecto original establecía un 5 por ciento, en tanto que el proyecto aprobado anoche fija un 15 por ciento.

En esos mismos puntos, se corre el margen de monte sobre las riberas de los ríos, lo que podría provocar "un desastre ambiental", manifestó el legislador opositor. Para Morello, "estos artículos fueron tratados con una dejadez absoluta".

Por su parte, el diputado Pablo López, dijo que "este es un proyecto elaborado por la patria sojera, que tiene el visto bueno del gobernador (Juan Manuel) Urtubey".

En tanto, los diputados oficialistas Manuel Chauque, Antonio Lucena y Cristina Lobo, también criticaron estos artículos, pero terminaron votando a favor, tanto en general como en particular. El proyecto había sido consensuado por una Comisión Bicameral que introdujo las modificaciones al proyecto original. En la discusión previa causó sorpresa que el gobierno no enviara el mapa con las zonas establecidas como reservas.

Con esta ley se habilitarían aproximadamente 1.600.000 hectáreas para ser desmontadas. Pero el senador justicialista Alfredo Olmedo, quien además es uno de los más importantes productores de soja de la provincia, había presentado un proyecto en el que incluía la habilitación de cinco millones de hectáreas para desmontar.

Desde el Gobierno provincial se afirmó que el mapa se elaborará en base a los términos fijados por la nueva ley.

Por otra parte y con el patrocinio de la ex ombudsman porteña Alicia Oliveira y el abogado Gustavo Ferreira, una docena de aborígenes de la comunidad Wichi pidió hoy a la Corte Suprema que ordene el cese de "los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos" en la provincia de Salta. También solicitaron que se declare la "nulidad" de todas las autorizaciones otorgadas por el Gobierno provincial a las empresas para ejercer dicha actividad en cinco departamentos de Salta.

Mediante una medida cautelar hecha ante el Alto Tribunal solicitaron que se declaren inconstitucionales y absolutamente nulas todas las autorizaciones concedidas a empresas antes de la sanción de la Ley de Bosques Nativos, y que se les prohíba dar lugar a nuevos pedidos de tala.

Basándose en el hecho de que los bosques nativos han sido desde siempre los proveedores del sustento de estas comunidades, advierten sobre el proceso de desaparición de estas zonas, en especial en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, los cuales ocupan un tercio de la superficie de la provincia de Salta.

Además solicitaron que los responsables recompongan y restablezcan el ambiente al estado anterior al daño que denuncian y, en caso de no resultar técnicamente factible –por el daño irreversible que el desmonte provoca- se fije una indemnización acorde. También incluyeron un pedido para que el Gobierno salteño aporte un listado de todas aquellas personas o empresas que solicitaron permisos de tala y se les fue concedido.

Entre el año 2004 y 2007 hubo unos 211 pedidos de autorización para desmontes, de los cuales 195 fueron aprobados por el Gobierno provincial, explicaron en el escrito.

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Wichis a la Corte Suprema por las tierras

Una docena de caciques de la comunidad wichi presentaron este mediodía una demanda judicial ante la Corte Suprema para intentar frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial (155 mil kilómetros). Pasado el mediodía, sus abogados presentaron un amparo y una medida cautelar en el Palacio de Tribunales, tal como había adelantado Clarín.com.

En la demanda, afirman que los desmontes son "inconstitucionales" y que van a causar un "gravísimo daño" a las comunidades indígenas de la región. Por eso, reclaman la nulidad de las autorizaciones que otorgó el Gobierno provincial y responsabilizan al Estado nacional por la situación actual.

"Además de la nulidad de las autorizaciones, buscamos que se recomponga y se restablezca el ambiente al estado anterior o que se indemnice a las personas afectadas en caso de que aquello sea imposible", le dijo a Clarín.com el abogado Raúl Gustavo Ferreyra, quien representa a los indígenas junto a Alicia Oliveira.

La presentación, que cuenta con el apoyo del obispo de Orán, Jorge Rubén Lugones, denuncia que durante el último trimestre del año pasado, previo a la sanción de la ley de Bosques Nativos (en noviembre de 2007), hubo "un abrupto incremento de las audiencias públicas (son obligatorias para más de 300 hectáreas)". Además, destaca que entre 2004 y 2007 hubo 211 pedidos de autorización para desmontes -que apuntan a la expansión de la frontera agropecuaria- de los cuales 195 fueron aprobados.

Por ese motivo, la medida cautelar intenta frenar los desmontes masivos tanto en tierras privadas como fiscales de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria que ya fueron aprobados pero que aún no se llevaron a cabo. "El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo", explica la demanda, de 50 carillas.

No es el primer juicio por la tala de árboles en el Chaco salteño. De hecho, hay varias causas que ya llegaron a la Corte luego de transitar distintas instancias judiciales locales. La demanda que llega hoy al máximo tribunal, no obstante, es la primera que busca ingresar por la instancia originaria de la Corte (de manera directa). Si eso ocurre, podría haber una audiencia pública para discutir el problema, según adelantaron los abogados.

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Aumentó la población de adolescentes encerrados en el IRAR

Un juez de Menores argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial, mientras la Coordinadora de Trabajo Carcelario entiende que "mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel".


En los últimos tres meses se duplicó la cantidad de chicos en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR): de 20 pasaron a ser 39. Hay chicos durmiendo en la peluquería, en el sector de enfermería y en los patios internos. Desde la Dirección de Justicia Penal Juvenil cuestionan a los jueces de Menores por no adoptar los programas alternativos de recuperación y explican que el encierro es poco efectivo, por lo que debiera ser la última opción. En ese marco firmaron un acuerdo para que algunos chicos en conflicto con la ley construyan sillas y bancos para escuelas públicas. El juez de Menores Juan José Carmona argumenta que la solución pasa por una urgente reforma judicial. Mientras, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia: "El IRAR es una jaula sucia donde los pibes viven hacinados, lejos de ayudarlos se ha convertido en una escuela de marginalidad".

Pablo tiene 16 años y está otra vez tras las rejas en el IRAR. Cayó por hurto, un delito que no es lo suficientemente grave como para estar privado de su libertad, pero su familia no lo quiere de vuelta. La última vez que robó en el barrio los vecinos les quemaron la casa y ahora los suyos se niegan a recibirlo. Pablo, junto a otros 38 chicos se pasa el día encerrado en una celda compartida, no hay para él otro lugar en el mundo. "Mientras siga el Servicio Penitenciario a cargo tenemos que hablar de cárcel y no de instituto -dispara Néstor Zapata de la Coordinadora de Trabajo-. Da la sensación de que no saben qué hacer con los pibes y entonces los meten en una jaula. Viven hacinados, abandonados, solos durante todo el día, prácticamente no hay talleres ni escolarización. Semanalmente algún chico entra en crisis".

Desde la dirección de Justicia Penal Juvenil, Silvia Crescente, se defiende y afirma ya fue aprobada la contratación de 22 personas para que trabajen en el lugar como capacitadores culturales. Mientras, algunos especialistas explican que el encierro recrudece y potencia la violencia, un efecto muy lejano a la pretendida recuperación.

Al respecto el juez de menores Carmona, que recibió el viernes pasado el detalle de los programas, opina: "Todas las medidas alternativas son perfectas y notamos que hay más compromiso por parte del gobierno, pero recién están empezando, falta aceitarlos para que tengamos la garantía de que cuando el pibe quede libre siga siendo efectivamente contenido".

Respecto a los cuestionamientos, Carmona responde: "No voy a disputar con el gobierno de la provincia. La culpa no la tengo yo ni la tiene (Hermes) Binner. Lo que hace falta es un código procesal penal del menor en donde el magistrado no esté en todo. Hoy el juez de minoridad investiga, sentencia y controla que la sentencia se cumpla. Necesitamos que haya investigación fiscal, jueces de garantías y jueces de sentencia. Una justicia penal juvenil donde estén diferenciadas las medidas cautelares y definitivas. Todo eso existe para los mayores, pero se ve que para la infancia hay menos ímpetu".

Tan sólo por el juzgado de Carmona este año pasaron 1500 menores denunciados por violar la ley penal. Pero él asegura que la percepción popular de que cada vez hay más niños y adolescentes que delinquen es "sólo un termómetro más bien mediático". Y opina que los métodos alternativos deben ser usados pero que en los casos de homicidio, robo calificado y violación es necesario privar de la libertad al infractor: "No todo es libertad, los niños también tienen que ser responsables de sus actos", sostiene. Cuando le recuerdan que el lugar donde los chicos que delinquen están encerrados es el IRAR, un sitio más cercano al hacinamiento y el abandono que a la recuperación, el juez reflexiona contundente: "El derecho también puede ser veneno".

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Se realizó la 1ª Conferencia Provincial de Políticas de Juventud

Con la presencia del gobernador de la provincia, Hermes Binner; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dió comienzo la primera Conferencia de Políticas de Jueventud. El acto se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y la conferencia contará con la presencia de intendentes y presidentes comunales; y organizaciones sociales que trabajen con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe.

Con la presencia del gobernador de la provincia, Hermes Binner; y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dió comienzo la primera Conferencia de Políticas de Jueventud. El acto se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y la conferencia contará con la presencia de intendentes y presidentes comunales; y organizaciones sociales que trabajen con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe.

En la oportunidad, Binner señaló que este tipo de jornadas son importantes en “la formación que van teniendo los jóvenes, para que no estén condenados a esperar sino que puedan ser actores de la transformación que se está realizando en la provincia de Santa Fe”.

“Hoy lo que estamos proponiendo es integrarlos al todo –prosiguió el gobernador–, que no haya temas en los cuales estén excluidos. Es necesario aceptar el desafío de preocuparnos por el todo, por la sociedad, desde el pensamiento joven. Pensar como jóvenes significa incorporar inquietud, desafío, innovación, riesgo, búsqueda, todo esto es patrimonio de la juventud. Los jóvenes tiene que integrase plenamente a la vida de las comunas, de las instituciones, a la vida; por eso la creación del Gabinete Joven” en el gobierno de la provincia.

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Apareció Joana, pero ahora buscamos a María Belén

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, a través del Registro Provincial de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, solicita cualquier información sobre el paradero de María Belén Aimi, de 19 años, ausentada de su hogar en Coronda, desde el 15 de noviembre pasado.

En la Secretaría, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la madre de la menor ratificó la denuncia que ya había sido radicada en la comisaría 1ª de Coronda. Interviene en el caso el juzgado de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Santa Fe.

Según la denuncia, la adolescente –que mide 1,60 metros– es de contextura mediana, tez trigueña, cabellos negros oscuros y ojos negros. Al momento de la desaparición vestía jean oscuros, remera verde oscura, camiseta negra, cartera blanca con gris, y chatitas negras.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe (Saavedra 2059, de la ciudad de Santa Fe o Moreno 248 de la ciudad de Rosario) o bien llamar a la línea gratuita 0800-555-3348 durante las 24 horas.

La semana pasada apareció Joana Contrera, la joven santafesina que hacía un mes había desaparecido de su hogar. Si bien no se trató de un caso de trata de personas, en esta oportunidad es otro el punto de conflicto que pone en riesgo a las jóvenes de nuestro país. Un conflicto familiar y la constante violencia habrían desencadenado la desición de Joana de ausentarse de su hogar. Hoy las autoridades competentes se han hecho cargo del caso, con atención especial e interdisciplinaria para evitar mayores daños.

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